LAS DERECHAS EN LA ESPAÑA DE SIGLO XIX. DESDE EL 1808 HASTA 1931.

Segú la enciclopedia libre se conoce como derecha política al segmento del espectro político que acepta las desigualdades sociales como algo natural, normal, e incluso deseable, frente a la izquierda, que persigue fines de igualdad y justicia social.

No existe una definición estricta de derecha aunque dadas un conjunto de dicotomías como el individualismo frente a colectivismo, confesionalidad frente a laicismo, propiedad privada frente a propiedad pública de ciertas actividades económicas, igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a reformismo social, conservadurismo frente a progresismo, la derecha se decanta estadísticamente por las primeras componentes de cada una de ellas en mayor proporción que la izquierda.

La distinción política entre izquierda y derecha tiene su origen en la ubicación parlamentaria que adoptaron los diputados durante el período revolucionario francés. A la derecha de la presidencia se situaron los representantes de las posiciones conservadoras, mientras que los bancos de la izquierda fueron ocupados por los diputados más radicales. Esta costumbre sigue siendo respetada en buena parte de los parlamentos actuales. Desde entonces, la distinción derecha-izquierda ha servido para contraponer a los partidos del orden y de la tradición a los impulsores del cambio y de la transformación social y política. Más adelante, la derecha se ha asociado a quienes defienden la libertad individual y la ven en peligro si el estado asume demasiadas responsabilidades. Por su parte, la izquierda se ha identificado con quienes combaten en favor de la igualdad y desean que la autoridad política actúe para asegurarla (Bobbio). A medida que la sociedad acumula nuevas divisorias o cleavages, la distinción derecha-izquierda se hace más compleja.

Actualmente, el discurso político de la mayor parte de fuerzas de derecha habla favorablemente de la riqueza a través de la libre competitividad.

En los primeros pasos del parlamentarismo en España aún no existían los partidos políticos, pero la mayoría de los diputados convocados en Cádiz se encuadraban en tres corrientes. Los absolutistas querían que la soberanía radicara exclusivamente en el monarca, cuyo poder no debía tener ninguna restricción, y consideraban que las Cortes habrían de limitarse a recopilar y sistematizar las leyes. Los jovellanistas, cuyo nombre proviene del político y pensador ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, abogaban por la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y ello les convierte en los precursores del liberalismo moderado y conservador que se desarrolló en el siglo XIX. Pensaban que las Cortes debían ser bicamerales, aceptaban la división de poderes y asumían buena parte del programa reformista de la Ilustración. Y los liberales, consideraban que la soberanía debía recaer exclusivamente en la nación, representada en las Cortes. Según mi manera de ver podría decir que estaban los liberales, a la derecha los jovellanistas y más a la derecha los absolutistas. Aunque con esta diferenciación, la materia económica me resulta difícil encasillarla en derechas e izquierdas.

La Constitución de Cádiz entró en vigor entre marzo de 1812 y mayo de 1814, que Fernando VII fue restablecido en el trono por Napoleón y suspendió la Constitución, entre 1820 y 1823 y de 1836 a 1837. Cuando Fernando VII tomo las riendas de la gobernación con inmovilismo y arbitrariedad como máximos exponentes, restauró los obstáculos tradicionales a la libertad de industria y comercio, entorpeciendo el desarrollo económico y fue incapaz de emprender reformas financieras necesarias. En el Trienio Liberal, con la Constitución de Cádiz de nuevo restablecida, surgió una división del liberalismo, el liberalismo moderado, quienes querían afianzar el régimen liberal mediante una transición que no resultara traumática, pactado con las élites del Antiguo Régimen. Y la izquierda de estos estaban los exaltados, que con los años se denominarían los progresistas, garantes de la revolución, con una interpretación radical de esta que querían asentarla sobre el pacto con los grupos populares urbanos. Consideraban que los moderados habían traicionado la revolución. Se dieron conspiraciones contra el Trienio por los absolutistas, su principal sostén fue la Iglesia, sin embargo quien liquidó la etapa fue una invasión militar extranjera de la Santa Alianza a petición de Fernando VII. De nuevo Fernando VII suprimió la Constitución y retornaron las instituciones del Antiguo Régimen. En esta época también se dio una división de los absolutistas. En el extremo derecho, los apostólicos, defendían la religión como fundamento de la monarquía tradicional y exigían el restablecimiento de la Inquisición y los reformistas, aún en la derecha, eran más tibios. Los ultras se agruparon entorno a don Carlos, hermano del monarca y los reformistas entorno a María Cristina, cuarta esposa del monarca. Cuando Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833, los carlistas se negaron a reconocer a la nueva reina y estalló la guerra carlista. El carlismo tuvo más calado en el mundo rural del norte de España, País Vasco y Navarra es donde se afianzó. Acabada la guerra en el 1840 y con la victoria para María Cristina y tras un periodo continuista, esta confió el gobierno a un moderado como Martínez de la Rosa. Lo que pretendía era una transición gradual y pacífica del absolutismo reformista al liberalismo que atrajera a las viejas élites fernandinas, con este fin se creó el Estatuto Real, antítesis de la Constitución de Cádiz en muchos sentidos. La regente se decantó, y así lo seguiría haciendo por respaldar al ala más conservadora (derechista) del liberalismo. El Motín de la Granja forzó a la regente a restaurar la Constitución de 1812. Pero la mayoría de los reformistas ya defendían su reforma por un texto más acorde con los nuevos tiempos, lo que si rechazaban por completo era el Estatuto Real y los moderados renegaban por completo de la Constitución de 1812, se necesitaba un consenso y un nuevo texto. La Constitución de 1837 fue un texto transaccional, eclético, pactado entre los sectores más centristas de los partidos Moderados y Progresistas. Poca calma trajo este nuevo texto y la creciente polarización del poder político entre la regente María Cristina y el general progresista Baldomero Espartero se hizo evidente. Cuando la reina renunció a la regencia en octubre de 1840, Espartero ocupó la regencia, pero la fama de este decayó en muy poco tiempo en medios populares sobre todo. En Barcelona los grupos populares urbanos que tradicionalmente habían apoyado al Partido Progresista se desgajó una izquierda más radical, republicana. En 1843 un sector del progresismo se confabuló con el Partido Moderado, dando sus frutos en la primavera y mandando al exilio a Espartero. En 1843 ya habían sido suprimidas la mayoría de las trabas al libre uso de la propiedad y a la actividad industrial y comercial, y la Iglesia y la aristocracia habían perdido su condición de estamentos privilegiados, digamos que la vieja derecha estaba dando paso a la nueva derecha. Algo más de tres décadas transcurrieron entre el final de la regencia de Espartero, y la restauración de los Borbones en diciembre de 1874. El Partido Moderado gobernó la mayor parte de este período y estableció un marco constitucional, institucional y legislativo ajustado a su programa político que sólo se vio alterado durante dos breves períodos: el Bienio Progresista, de 1854 a 1856, en el que gobernó el Partido Progresista junto con los puritanos, una escisión liberal-conservadora del Partido Moderado, y el Sexenio Democrático, que transcurrió entre 1868 y 1874, protagonizado inicialmente por una coalición que englobaba a los progresistas, a la izquierda demócrata y a la derecha liberal- conservadora de la Unión Liberal. En 1844 el gobierno de Narváez instituía una nueva Carta Magna, la Constitución de 1845, un marco donde la derecha se podía sentir cómoda. En diciembre de 1852 con Bravo Murillo a los mandos se dio un nuevo giro a la derecha con una nueva Constitución que lo que pretendía era una dictadura civil. Esta reforma desató la oposición de muchos progresistas, pero también de muchos notables moderados que por primera vez en años ambos partidos actuaron coordinadamente y presionaron a la reina para que vetara los proyectos, a lo que sobrevino un período de inestabilidad. Tras el Bienio Progresista, los moderados seguían tan divididos en pequeñas facciones enfrentadas como lo estaban en 1854. Isabel II comprendió que el Partido Moderado estaba deshecho y era incapaz de gobernar, por eso llamó a O´Donnell, que había formado un nuevo partido, la Unión Liberal. Liberal, aunque conservador y firme defensor del orden, O´Donnell nunca renegó de la Constitución de 1845. El 9 de enero de 1875 Alfonso XII desembarcó en España y ratificó a Cánovas, quien confirmo a los titulares del ministerio-regencia. Las Cortes aprobaron una nueva Constitución en julio de 1876, donde la Corona ocupaba una posición central en el sistema. Este nuevo marco político también era un lugar ideal donde la derecha se podía mover. Aprovada la Constitución y liquidadas las guerras, Cánovas imprimió a la institucionalización del sistema político un marcado sesgo conservador que rectificó la orientación democrática del sexenio. Los conservadores gobernaron durante más de seis años consecutivos, entre diciembre de 1874 y febrero de 1881. Conviene recordar que los partidos del siglo XIX eran coaliciones de notables que aportaban al tronco común sus facciones o redes de clientelas. De los quince gobiernos que se sucedieron durante los reinados de Alfonso XII y la regencia, seis cayeron en las Cortes o sus presidentes dimitieron ante la certeza de que carecían de mayoría parlamentaria. El número de crisis parlamentarias aumentó durante el reinado de Alfonso XIII. Entre 1881 y 1890 se sucedieron dos etapas liberales y una conservadora. La izquierda liberal aceptó el principio doctrinario de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes y renunció a la soberanía nacional. De este modo, el sistema político de la Restauración, plenamente liberal, perdió la oportunidad de llegar a ser democrático. Por otra parte, al renunciar el Partido Liberal a una parte crucial de su programa, su identidad se resintió, difuminándose así las diferencias entre liberales y conservadores. La derecha estaba en el poder, y diversos grupos con distinta proyección social trataban de influir por otras vías.

En 1899 Francisco Silvela, jefe del Partido Conservador tras la muerte de Cánovas, accedió a la presidencia del gobierno. Su primer gabinete fue fiel exponente de un nuevo conservadurismo que reconocía el papel corrector del Estado en la economía y en las relaciones sociales, apostaba por la reforma de la administración y de la legislación electoral, por otro lado, tendía la mano al regionalismo catalán. El lema del gobierno de Silvela era <Escuela y despensa>. El sistema político de la Restauración resolvió uno de los principales lastres del discurrir político español durante todo el siglo XIX: la incapacidad de los partidos de la monarquía constitucional para convivir de forma pacífica y estable bajo un mismo sistema político. Fue un sistema político liberal, pero no democrático. Los artífices de la Restauración entendían la política como un asunto a dirimir entre las élites: élites que hasta el 1875 habían luchado entre sí, y que a partir de esta fecha fueron tejiendo un marco político estable. Durante el reinado de Alfonso XIII se sucedieron los gobiernos conservadores y liberales, la dictadura de Primo de Rivera y el final de la monarquía de Alfonso XIII, dando paso a la Segunda República.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de historia política y Social de España (1808-2011). Miguel Martorell y Santos Julia.

- Ciencia política. Un manual. Josep Maria Callas. Salvador Martí i Puig.